AB 260 (Aguiar-Curry) (OPONERSE) amplía el acceso al aborto en California bloqueando la aplicación de las restricciones al aborto de otros estados y protegiendo a médicos, farmacéuticos y clínicas de las consecuencias legales por prestar servicios de aborto. Permite el uso de pastillas abortivas más allá de las directrices aprobadas por la FDA, obliga a la cobertura del seguro y reduce los requisitos para los procedimientos de aborto por telesalud y Medi-Cal. El proyecto de ley también elimina las salvaguardias clave mediante la supresión de una ley que exigiría la notificación a los padres antes del aborto de una menor, la eliminación de las sanciones por ayudar en un «aborto criminal», y la eliminación de los requisitos de fabricación y etiquetado de los medicamentos abortivos. Aunque se presenta como una protección del acceso, AB 260 reduce los estándares médicos y la supervisión, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad del paciente y la transparencia en las políticas de aborto de California.

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